Por: Cecilia Madrid Valerio y Walter Palomino Ramírez
I. Apunte previo
La corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para la administración pública, ya que socava su credibilidad y obstruye el cumplimiento de los fines de sus órganos delegados de poder, al punto que los bienes y servicios no serán accesibles para todos los ciudadanos, afectándose, principalmente, la vida, salud e integridad personal de los grupos de individuos en situación de pobreza y en situación de especial vulnerabilidad.
Al ser esto así, la labor de prevenir la realización de prácticas corruptas será especialmente importante en el contexto en que nos encontramos, a propósito de la rápida propagación de la Covid19, toda vez que el Estado ha destinado hasta el momento más de S/. 7,332,657,163.00.- para realizar compras urgentes de bienes y servicios, con la finalidad de enfrentar el brote de la pandemia y proporcionar apoyo económico a las poblaciones más vulnerables, lo que se ejecuta prioritariamente a través de adquisiciones directas, que solo están sometidas a una fiscalizaciónposterior.
En ese escenario, el mal uso del poder para la obtención de beneficios ilegales (corrupción) podría provocar que las medidas impuestas, para incrementar la capacidad de los servicios de salud y ofrecer otras ayudas básicas, no cumplan su propósito, lo que sería letal para la atención de la pandemia en nuestro país. Por ello es que, Transparencia Internacional, ha advertido que identificar los “riesgos de corrupción antes de que sucedan puede ayudar a fortalecer nuestra respuesta global (…) y ofrecer así los servicios de salud a quienes más lo necesitan.”
A continuación, indicaremos qué se entiende por corrupción en la normativa peruana y, a partir de ello, expondremos las características del plan formulado por el Estado para enfrentar dicho fenómeno. Luego, a la luz de las circunstancias en que nos encontramos por la propagación de la Covid19, mostraremos los mecanismos que podrían implementarse para mitigar el riesgo de que se lleven a cabo prácticas corruptas que erosionen la efectividad de las medidas impuestas por el Estado para enfrentar el brote de la pandemia por Covid19.