Por Liz Chipa Avila
La investigación de los delitos y faltas de los que llega a tomar conocimiento el sistema de justicia penal, en los países de tradición jurídica europeo-continental, es competencia tanto de la Policía como del Ministerio Público. Es decir, ambos están obligados (por disposición legal) a perseguir todo hecho delictivo que conozcan. Aunque, solo se pone en cabeza de uno de ellos, del Ministerio Público, la completa responsabilidad de garantizar la legalidad del proceso y de que este se realice de manera objetiva y respetando las reglas de un Estado de Derecho. Este es el modelo que ha adoptado, por ejemplo, Alemania.
A continuación, vamos a exponer brevemente cómo se ha regulado la intervención de la Policía y el Ministerio Público en el ámbito de la persecución penal y cómo operan en la práctica realmente ambos órganos de la persecución penal.