Por Cecilia Madrid Valerio / Walter Palomino Ramírez
I. APUNTE PREVIO
Las empresas tienen razones de diversa índole, y todas muy importantes, para apartarse de escenarios donde su imagen, reputación y rentabilidad futura puedan verse seriamente afectadas. Su adecuada marcha entonces estará asociada a la detección y gestión de los diversos riesgos que pueden provocar un impacto negativo en la organización e incidir en la consecución de objetivos o, incluso, en la supervivencia misma de la empresa.
Así vista, la gestión de riesgos tiene un rol fundamental en la empresa, razón por la cual no debe reducirse al plano puramente económico 1 , sino que debe abarcar los riesgos derivados del incumplimiento de la normativa legal (civil, administrativa, tributaria, laboral, del mercando de valores etc.), sobre todo los asociados a la inobservancia de normas de naturaleza penal, que se distinguen por la especial gravedad de sus consecuencias: multas, suspensión de actividades, prohibición definitiva de contratar con el Estado, cancelación de licencias, clausura de locales e, incluso, la disolución de la empresa.
En ese contexto, la implementación de mecanismos integrales que identifiquen los riesgos a los que la organización se encuentra expuesta en el ejercicio de sus actividades, aparece como un instrumento adecuado para evitar o mitigar la responsabilidad legal y los costos reputacionales y/o económicos que pueden proceder de la inadecuada organización de la empresa, al mostrar (y probar) que esta tiene una cultura corporativa orientada al respeto de la legalidad y los derechos fundamentales.
La creación de valor para la corporación, a través de estos mecanismos de prevención, no se logrará con una implementación formal, sino que será esencial un cambio de visión en la gestión de la empresa, en el que se priorice el fomento de una cultura de cumplimiento y se ejecuten acciones concretas para prevenir y detectar situaciones legales adversas.
Para esto, el compromiso de la Alta Dirección y las concretas circunstancias de la empresa, serán aspectos clave.
En ese sentido, a continuación, realizaremos un mapeo de las diversas normas e iniciativas estatales generadas en nuestro país con el objeto de promover la implementación de programas de prevención en materia penal, tanto a nivel de empresas privadas como públicas. Partiremos entonces por entender qué significa compliance, para luego realizar un recuento cronológico de las iniciativas estatales que se han ido dando en materia de prevención y finalizaremos con lo que necesitamos para implementar un modelo de prevención.